En los ciclos electorales, el gasto público tiende a dispararse. La necesidad de sostener la gestión de Gobierno -desde las urnas- motiva decisiones que, en períodos más pacíficos para las finanzas suelen ser desechadas de plano por los funcionarios. Párrafo aparte es el incremento de las erogaciones por efecto de las subas salariales que, en definitiva, calientan el presupuesto del sector público.
Ante todo, es imprescindible observar cuál es el contexto. La inflación continuará porque el Gobierno nacional no la reconoce y, además, prefiere pagar el costo de que suban los precios a que se eleve la desocupación, señala Daniel Abad, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales del NOA (Cesnoa).
Según el experto, en el Gobierno de la presidenta, Cristina Fernández, abonan la teoría que mientras existan las adecuadas compensaciones vía aumentos salariales, jubilaciones, asignación universal por hijo y otros planes sociales, se mantiene la ilusión monetaria de más plata en el bolsillo aunque esta valga menos.
"En otras palabras, prefieren calentar la economía con el costo de la inflación a enfriar el crecimiento con el costo de la desocupación", puntualiza Abad.
En un año electoral, los votos están en el mercado interno y el Gobierno cree que el bolsillo es un muy buen consejero a la hora de sufragar, insiste Abad. "Sin embargo creemos que se puede frenar la inflación sin enfriar la economía. Por ejemplo Brasil tiene un déficit fiscal mayor que el de la Argentina y sin embargo tiene una inflación cercana al 5%", indica.
El problema es la asignación del gasto público donde se destina no menos de U$S 10.000 al año en subsidios donde los mayores beneficiarios son la clase media de Capital Federal que observa cómo se abarata el transporte, alimentos y energía en detrimento de los habitantes del interior del país, que no gozan los mismos beneficios.
Según el director del Cesnoa, hay que establecer metas de incrementos salariales, redireccionar el gasto público, normalizar el Indec y volver al tipo de cambio competitivo recuperando los superávit gemelos disimulados por los fondos de la Anses (el fiscal) y el freno a las importaciones (el comercial).
El efecto local
El gasto salarial es una preocupación constante entre las provincias. El Gobierno nacional acordó con el gremio docente un incremento del 27,2%, pero ese reajuste no tiene el mismo impacto en las cuentas federales que en las de los distritos del interior, donde el rubro Personal llega a ocupar hasta un 50% del presupuesto anual.
En el caso de Tucumán, el gasto en salarial ascenderá este año a unos $ 4.800 millones sobre un presupuesto anual que roza los $ 10.000 millones. Frente al porcentaje que se vienen barajando en las paritarias, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, reconoce a LA GACETA que es posible que este año los aumentos impliquen un gasto adicional cercano a los $ 1.000 millones. "Esta situación nos obligará a pedirle dinero a la Nación, con el fin de mantener el equilibrio de caja", puntualiza el funcionario. Esa es una de las gestiones que hará el gobernador José Alperovich, dentro de 10, ante la presidenta de la Nación.
Respecto de la evolución de las erogaciones provinciales en un año electoral, el ministro de Economía señala que se mantiene el control de las partidas, con una tendencia al ahorro del 15% del presupuesto de Tucumán.
"La falta de control nos puede llegar a costar unos $ 2 millones por día", advierte Jiménez. Explica que esto está relacionado a los planteos que se formulan desde distintos Ministerios y reparticiones, tanto para la adquisición de mobiliarios, de equipos informáticos y hasta de designaciones de personal. "Hay decisión del gobernador de sostener el nivel de gastos para no perder la conducta fiscal que hemos mantenido a lo largo de estos años", dice Jiménez.
"La disciplina fiscal debe ser una tarea de todos los días", insiste.
Por ahora, en el sector público provincial sólo está abierto el frente salarial que, a partir de los próximos días, comenzará a definirse el porcentaje de incremento con los gremios que representan a los 80.000 empleados públicos que cuenta la Provincia.
Respecto del plan de obras públicas, el Poder Ejecutivo no ve grandes inconvenientes. Sucede que esos trabajos se financian con el Fondo Federal Solidario, la cuotaparte que la Casa Rosada distribuye entre las provincias y que se genera con el reparto del 30% de las retenciones a la soja.
A su vez, los ingresos fiscales, tanto de origen nacional como los de Rentas, están creciendo a tasas casi similares al del gasto (en torno de un 30%). Si se mantiene esta tendencia, Tucumán no tendría que tener grandes sofocones financieros para cerrar el ciclo económico de un año netamente electoral. El interrogante seguirá siendo si se sostiene la conducta fiscal.